El día de ayer se dictó la sentencia que niega el amparo a la ciudadana francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión por el delito de secuestro, cerrando con esto toda posibilidad de que purgue la sentencia dictada por las autoridades mexicanas en tierras galas. La respuesta de las autoridades francesas no se ha hecho esperar, la ministra de Asuntos Exteriores de Francia Michelle Alliot-Marie declaró que “esta decisión va a afectar a nuestras relaciones bilaterales” y calificó la resolución de las autoridades como “inadmisible”, mientras advertía que el Gobierno francés no dejará sola a su ciudadana y que “va a estudiar todas las vías conforme al derecho que tenga a su disposición, tanto a escala nacional como internacional, para acompañar las acciones que emprenderán”.

Mediante un comunicado emitido por la cancillería francesa, pocas horas después de que los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmaran la condena contra Florence Cassez, criticó duramente el sistema de justicia en México poniendo en tela de juicio su imparcialidad.

Éste y otros casos sometidos a juicio han generado dudas y opiniones divididas entre la propia población mexicana debido a graves irregularidades en los procedimientos del sistema judicial mexicano, siendo los más notorios el caso del juicio político contra los tres jueces que dejaron en libertad al asesino confeso de la menor Rubí Marisol Frayre Escobedo, hija de la también fallecida activista Marisela Escobedo, quién fuera asesinada mientras protestaba por la decisión tomada por los jueces frente al palacio de Gobierno de su ciudad.

Otro caso similar, pero menos conocido y que está causando polémica entre las redes sociales y blogueros es el de Roberto García López, un interno del penal de Mérida quién desde hace 14 años se encuentra purgando una sentencia mientras que existen, al igual que en el caso de la francesa, inconsistencias que hacen dudar a la opinión pública de la legalidad de su proceso. Roberto García López también fue detenido y acusado de crímenes existiendo irregularidades en su proceso sobre las cuales las autoridades mexicanas no se han manifestado, siendo que pesa sobre él una sentencia de extradición hacía los Estados Unidos de Norteamérica, donde está acusado de ser un prófugo de la justicia de ese país, habiéndose fugado de una penitencia de alta seguridad en el condado de Dale en Florida después de matar a un custodio de dicho penal. Delitos graves por los cuales purgaría una sentencia de cinco cadenas perpetuas.

Las dudas en este caso surgen de las siguientes inconsistencias: el hombre solicitado por las autoridades norteamericanas a la justicia mexicana es de nacionalidad cubana y responde al nombre de Juan Jesús Fleitas, mide 1.66 ó 1.67 mts. de estatura siendo caucásico, filiación que al decir de la esposa de Roberto García López, la señora Eliuth Cabrera Conde, no concuerda en nada con la de su esposo ya que éste es mexicano, mide 1.72mts. de estatura y es de tez morena clara, alegando también que es imposible físicamente que sean una y la misma persona su esposo y la persona reclamada por las autoridades norteamericanas ya que su esposo nació en 1969 siendo de 41 años de edad actualmente y la persona con la que lo confunden purgaba una sentencia en Estados Unidos en una prisión de alta seguridad entre los años de 1985-1987 cuando su esposo apenas contaba con la edad de 16 o a lo más 18 años siendo que en ese país no puede estar preso en una prisión de alta seguridad una persona menor de 21 años. Alega su esposa que al igual que en el caso de Florence Cassez, si el fuera ciudadano cubano como afirman las autoridades mexicanas se habría brindado la asistencia consular cosa que nunca sucedió solo que mientras en el caso de Florence Cassez por ser un caso tan sonado, se le dio de manera tardía la asistencia consular, mientras que al señor López de estar seguras las autoridades mexicanas de sus imputaciones jamás se le concedió. Lo anterior supone ella en razón de que las autoridades nunca probaron que el fuera cubano mientras que él, mediante pruebas documentales, periciales, dactiloscopia, y testimoniales probó ser de nacionalidad mexicana por lo que la autoridad mexicana le concedió el amparo definitivo contra la petición de extradición misma que 10 años después volvió a rejuzgar, violando con esto sus garantías y concediendo la extradición de su esposo a los Estados Unidos.

 

Por todas estas incongruencias y fallos en los procedimientos judiciales sucede que las autoridades mexicanas se encuentran sumidas en justificaciones y declaraciones ante las autoridades extranjeras.