Corren tiempos de cambio en Turquía, y, según enseña la historia reciente, eso no significa necesariamente nada bueno. También avecinaron cambios los años sesenta, setenta y ochenta, décadas en las que los golpes de estado, la lógica obtusa de la Guerra Fría y el terrorismo pardo mantuvieron al país en una constante convulsión entre una democracia nominal y la hegemonía militar de facto en todos los ámbitos de la política otomana. La Turquía que hoy conocemos es la heredera directa de esos años de corrupción, violencia y silencio. Un silencio que todavía hoy se aplica a las cuestiones candentes del pasado y el presente de un país a caballo entre dos continentes.

A comienzos de semana, el Primer Ministro, Recep Tayyip Erdogan, anunció un proyecto de reforma constitucional que homologue la democracia otomana a las occidentales y acerque Ankara a la tan deseada UE. Los 26 artículos que el líder islamista pretende cambiar se refieren a la influencia institucional del ejército, garante según la carta magna de la laicidad del estado, la elección de jueces y la ilegalización de partidos políticos. Tres de los pilares que mantienen a Turquía invariable desde su fundación a manos de Mustafá Kemal Atatürk. Gracias a ellos, kurdos, armenios y griegos carecen de acceso a la política y jueces y militares controlan que ningún partido religioso o étnico rompa la impresión idílica de un estado democrático y moderno a las puertas de Oriente Medio que llevan 50 años vendiendo.

Muchos sugieren, como lo ha hecho ayer mismo el Tribunal Constitucional de Ankara, que Erdogan sólo busca abrir las puertas del parlamento a partidos proreligiosos y, por tanto, contrarios a la filosofía laica de Atatürk, así como a las minorías étnicas a las que tanto se teme. Otros, que busca impulsar la adhesión del país a la UE aunque tenga que desnaturalizar la república euroasíatica. Todos sin distinción temen los cambios en el statu quo, que en un país como éste, empiedran su camino con cadáveres.

Turquía asegura de puertas hacia afuera que nada hay que ocultar en su pasado. Imposible explicar por qué entonces Erdogan amenaza con deportar a los inmigrantes armenios como respuesta a la condena por parte de EEUU y Suecia del genocidio de un millón y medio de sus compatriotas en 1915 a manos del Imperio Otomano. Será un acto reflejo, ya que cualquier mención al Metz Yehern o genocidio armenio supone penas de cárcel y amenazas de muerte, como las sufridas por partida doble por el premio Nobel Orhan Pamuk, una de las escasas voces críticas dentro del monolítico negacionismo turco. Por no hablar de la eterna polémica histórica y territorial con Grecia o la ocupación del norte de Chipre, dos países comunitarios a los que la llegada de Ankara a Bruselas supondría, cuanto menos, un insulto. Con estas cuentas pendientes en su pasado y un sangrante déficit de pluralismo lastrando su presente, Turquía pide paso en la Unión Europea sin reparar en que hace falta cambiar mucho más que 26 artículos de la Constitución para poder llamarse democracia.