Política Exterior publicó en su número 134 del volumen XXIV un par de artículos y un editorial tratando el asunto de la Justicia Universal en España. Un asunto que ya hemos tratado aquí y que atañe a varios temas en el panorama geopolítico mundial, como los derechos humanos y la política exterior de nuestro país; ciertamente, hasta hace bien poco, en España los jueces tomaron acciones que pueden ser clasificadas como vanguardistas desde el punto de vista jurídico pero también como egocentristas e intrusivas desde el punto de vista de  la política internacional de un país. Y a pesar de ello, algunas de estas medidas, no dejaron de ser correctas pese a los problemas que acarrearon a las relaciones exteriores de nuestro país.

El principio de Justicia Universal se ve materializado en nuestro país a través del artículo 23.4 de la LOPJ. Este artículo ha sido recientemente modificado en el Parlamento en la Ley Orgánica 1/2009. La cuestión que se presta a debatir en torno a este artículo es si un tribunal español puede llevar ante la justicia a individuos no españoles por supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas en terreno no español y sin que esas violaciones afecten a ningún ciudadano español. Es decir, ¿creemos que somos los representantes de la justicia universal?, ¿creemos que nuestras salas de la Audiencia Nacional deberían ser el juzgado de guardia del mundo? En el pasado esto era posible y sucedió en varias ocasiones. La nueva reforma de la ley imposibilita a los jueces para hacer esto. Desde marzo, la justicia sólo puede actuar si un español se ve inmiscuido en uno de esos crímenes o si el supuesto culpable de los delitos está en España. Es decir, si existe un nexo vinculante entre los crímenes, las víctimas, el criminal y España.

Creo que pensar que España se puede erigir en la diosa imparcial e iluminada de la justicia del mundo es un gran error y por eso me parece bien la reforma. Además,  en la actualidad existen tribunales internacionales creados expresamente para estos asuntos, como pueden ser la Corte Penal Internacional o el Tribunal de La Haya. Se puede argumentar que estos tribunales no son todo lo vinculantes que debieran. En cualquier caso, ¿quiénes somos nosotros, es decir, España, para juzgar las políticas de otros Estados democráticos?

Sin duda, hace falta dar un papel de mayor legitimidad a estos Tribunales Internacionales y hace falta que sus decisiones sean vinculantes. Hacen falta también más compromisos políticos por parte de los Estados y un frente unido en contra de los crímenes de guerra, lesa humanidad, terrorismo y genocidio. Por el contrario, lo que no hace falta es jueces estrella que se dediquen a malgastar los fondos públicos para requerir la aplicación de la justicia sobre asuntos qu no van a llegar a ningún lado.

Algunos creerán que el principio de Justicia Universal es un tema nuevo en el panorama socio político mundial pero lo cierto es que el término ya lleva aplicándose en la práctica desde los juicios de Núremberg. Desde entonces, ningún país ha osado aplicar este principio de jurisprudencia universal hasta los extremos expansivos a los que ha llegado España. Es más, los países más progresistas y avanzados tienen una legislación muy parecida a la que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados. Entre las razones que las naciones han tenido para no llevar a cabo este principio hasta sus últimas consecuencias cabe destacar los conflictos políticos y diplomáticos internacionales que estas medidas traen consigo; y de hecho, han acarreado situaciones diplomáticas bastante complicadas para nuestro país. Y me refiero a cosas como pretender procesar a un ministro israelí.

Al ministro de Defensa Israelí Benjamin Ben Eliezer lo intentó procesar junto a seis oficiales del ejército israelí el juez estrella Fernando Andreu por realizar un “bombardeo fallido contra un terrorista palestino”. Evidentemente, Israel consideró que el proceso era una injerencia en los asuntos internos del país y una falta de respeto hacia cualquier norma diplomática, pues al fin y al cabo, ellos consideraban ese ataque como respuesta a  un ataque terrorista. Evidentemente, aquí el problema se encuentra en las proporciones de la respuesta. No obstante,  volvamos de nuevo a la Justicia Universal: otro juez español podría llamar a declarar a los miembros de Hamas para juzgarlos cuando en uno de sus ataques bombas maten a un grupo de civiles israelíes en caso de que no lo investigase un tribunal israelí (dificil, pero no imposible, sobre todo hablando de países africanos).  En fín, que nos convertiriamos de la noche a la mañana en el juzgado de guardia del mundo entero.

Finalmente, el asunto entre España e Israel se arregló tras varias mesas redondas en la Casa Sefarad de Madrid. En ellas participaron abogados españoles e israelíes tratando el asunto de la justicia universal y las diferentes ambigüedades que se plantean en torno a esta ley en nuestro país. Por desgracia, el asunto que seguirá sin arreglarse y me temo que no se arreglará con unas mesas redondas es el de Israel y Palestina.

¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Acaso creen nuestros jueces que si estos supuestos criminales no son juzgados en sus países de origen van a permitir que lo hagamos nosotros en España? Nuestros jueces la han intentado enmendar la plana hasta a los EEUU, un país que tiene más de 200 años de democracia. Lo curioso del asunto es que tras el desmantelamiento de Guantánamo tenemos a unos cuantos presos de aquéllos por España. Pero esto no acaba aquí, porque nuestros jueces no sólo piensan que los ministros de ciertos países son criminales, sino que además, piensan que los sistemas penales de esas democracias son corruptos y no funcionan. Y todo ello, me imagino, lo hacen pensando que nuestro sistema es perfecto y que en España la justicia está libre de toda corrupción. En resumen, todo muy español, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro. Como si en España la justicia o los ministros fueran los más eficientes, imparciales y ecuánimes del mundo entero.

Creo que sólo me queda recordar que los tribunales españoles actuan con tanta lentitud e ineptitud que todavía hoy se pueden encontrar casos pendientes de resolución desde los años 90. Y es que este artículo de la Justicia Universal es muy bonito en la teoría pero no hay voluntad para llevarlo a la práctica en el ámbito político  internacional. Y si la hay, como en España, tiene un tinte político que destiñe sospechosamente marronaceo.