Los dicen los medios, unos con perplejidad, otros con sorna; el magistrado Garzón será juzgado por su actividad contra los crímenes del franquismo. Los querellantes, la asociación Libertad e Identidad, la antediluviana Falange y el sindicato anónimo Manos Limpias, han conseguido su objetivo, detener las pesquisas del juez y castigarle por atreverse a investigar los muertos que esconden bajo las fosas de la dictadura. O lo que es lo mismo, los culpables encausan a quien pretendía juzgarles. Sus leguleyos argumentan que se extralimitó hasta la prevaricación en su intento de resolver las cuentas pendientes con las víctimas silenciadas de la dictadura, arguyendo que escondía motivaciones inexcusables. Pero, ¿a quién beneficia apartar a Garzón de la judicatura? Con su más que posible inhabilitación, se detendrán las investigaciones sobre los crímenes contra la humanidad en la posguerra, pero también se invalidarán las escuchas a cargos populares del Caso Gurtel y cambiarán de manos los espinosos casos de corrupción en Cataluña -caso Pretoria-, el genocidio en el Sáhara Occidental y las torturas a ciudadanos españoles en Guantánamo. La duda razonable lleva a poner en cuestión que este proceso beneficie realmente al ya cuestionado imperio de la ley.
Para la prensa internacional, conservadora, liberal o variopinta, no cabe duda; se le juzga por revolver la ponzoña del franquismo. Por su parte, las asociaciones de víctimas de las dictaduras sudamericanas, Amnistía Internacional y las agrupaciones por la memoria histórica no esconden su perplejidad por la decisión del Tribunal Supremo. Sólo aquellos que ponen en duda la democracia han aplaudido este fallo. A algunos, como Miguel Bernard, exlíder del difunto partido franquista Fuerza Nueva y actual dirigente del sindicato amarillo Manos Limpias, les duele todavía que retuviese en Londres a su admirado Pinochet, arrastrando al arrogante golpista ante los tribunales y forzándole a esconderse tras su vejez para librarse. Otros, como la Falange, saben que encausar al juez supone evitar ser condenados por su atroz papel a favor de la barbarie durante 40 años. Quieren a Garzón fuera de la ley y ven a su alcance la impunidad para los desmanes de nuestro pasado, no vaya a ser que les alcance la Ley de Partidos. Le denunciaron los decrépitos herederos del franquismo, incapaces de influir en la sociedad con su parco peso en las urnas, pero aupados al poder gracias a magistrados de dudosa ecuanimidad. ¿Dónde está entonces el interés ilégitimo, en el acusado o en sus jueces?
Baltasar Garzón es un personaje controvertido, no cabe duda. El primero de los jueces estrella de la justicia española vivió tiempos de fama y tronío en los 90, cuando coqueteaba con el peor PSOE de la historia para rondar la cartera de Justicia. Posteriormente, concentró su actividad en los tribunales en la lucha contra ETA, haciendo enemigos entre sus antiguos compadres durante el juicio al GAL y amparando una Ley de Partidos radicalmente contraria a muchos de los principios que defendía en el extranjero. Fuera de nuestras fronteras, se dió a conocer como el último magistrado que pudo juzgar plenamente a Augusto Pinochet, y también persiguió, hasta que la ley española fue privada del principio de justicia universal, a la dictadura argentina, a Al Qaeda y a los oscuros manejos extracomunitarios del BBVA. Demasiados enemigos para evitar eternamente el revanchismo ultra, rabioso desde que a un simple juez se le ocurrió poner en duda la santidad de su desgraciada cruzada nacional. El fallo del juez Varela pone la Justicia en manos de aquellos que el pasado 1 de abril volvieron a acudir al Valle de los Caídos a festejar bajo palio el triunfo del general Franco. Sus manos sostienen banderas ajadas, estandartes del odio que, si la Justicia no lo remedia, volverán a pasar por encima del Estado de Derecho.