El pasado 12 de enero de 2011 la Secretaría de gobernación de México anunció que comenzará la primera etapa del registro de ciudadanos, que en un principio sólo incluirá a menores de edad de los estados mexicanos de Baja California, Colima, Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León, estados todos que han sufrido graves episodios de violencia durante el pasado año 2010. Además, el proceso de registro se extenderá  de manera paulatina a otros estados del país mexicano.

Esta noticia tiene dos vertientes que deben considerarse cuidadosamente y que actualmente son motivo de polémica en México. La primera vertiente surge en el sentido de que en efecto es necesario contar con un documento, carné, credencial o como se le quiera llamar, que permita identificar de manera fiable a los mexicanos, ya que en la actualidad, el documento que se utiliza para tales efectos es la credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE). Sin embargo, a raíz de la guerra declarada contra los grupos de delincuencia organizada y al aumento de la violencia, se ha descubierto que en muchos casos los delincuentes portaban, al ser detenidos, con tres o hasta cuatro credenciales oficiales para votar y expedidas por el IFE y cada una de ellas con identidades diferentes  de la misma persona. Lo que revela que, a pesar de todas las medidas de seguridad que contiene dicho documento,  éste no es fiable a la hora de identificar la identidad. Además, la finalidad de la credencial para votar es precisamente esa: un documento para emitir votos durante los comicios electorales. En México no se cuenta con una cédula oficial de identificación, los mexicanos no contamos con un ID como los norteamericanos o personas de otra nacionalidad. Hasta hace pocos años, en los bancos se admitían la licencia de conducir, las credenciales de trabajo y en general cualquier documento que tuviera los datos mínimos, como firma sello, fotografía y datos de la institución que expedía el documento. Sin embargo, a raíz de los asaltos bancarios y constantes fraudes perpetrados contra instituciones bancarias por la delincuencia organizada, el estado mexicano optó  por admitir únicamente dos documentos como medio de identificación: la credencial para votar y el pasaporte.

La segunda vertiente de esta iniciativa gubernamental tiene que ver con la seguridad personal y este es el motivo de conflicto principal. El documento que se expedirá contará,  según la Secretaría de Gobernación, con los datos de identidad jurídica de los menores (acta de nacimiento certificada o carta de naturalización), y su identidad física a través de las características biométricas (las diez huellas dactilares, fotografía del iris de ambos ojos y fotografía del rostro) vinculadas a través de la Clave Única de registro de población (CURP), el equivalente al DNI y NIF en España, lo cual es demasiada información circulando y ninguna garantía real de que esa información no será utilizada con otros fines por el gobierno mexicano o por la delincuencia organizada.

Basta recordar el secuestro y asesinato del adolescente de 14 años de edad  Fernando Martí, hijo del prominente empresario mexicano Alejandro Martí, dueño de prestigiosas tiendas de artículos deportivos en México. Fernando fue secuestrado utilizando la información que el mismo adolescente vertía en su página de Facebook, amén de la información que fue públicamente ventilada en medios de comunicación masivos de México, acerca de la disposición de bancos de datos completos de todos los mexicanos. Estos datos se venden al mejor postor en el barrio de Tepito, un conocido mercado de pulgas, donde inclusive la policía mexicana ha acudido a comprar bancos de datos, cuando se trata de apresurar las investigaciones, aunque para ello se recurra a este método de investigación “no oficial”.  Pues bien, todos esos datos disponibles hasta ahora, sólo pueden contener una huella digital y no las diez de los mexicanos, y mucho menos todos los datos de identificación y biométricos (una vez visto que el asunto del resguardo de información, no es una fortaleza del sistema mexicano). Cómo no va a causar polémica el hecho de que el Gobierno mexicano quiera exponer a todos los ciudadanos a ser identificados. Más polémico incluso, es la circunstancia de que esto comience precisamente con los niños,  víctimas de secuestradores y de traficantes de personas y órganos. Además, no es ningún secreto que las instituciones y la policía mexicana están permeados por la delincuencia organizada.

La Secretaría de Gobernación explicó que la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, dependiente de esa secretaría, en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas, acudirá paulatinamente a todas las escuelas de educación básica a levantar la información necesaria. Yo no estoy seguro de querer que mis hijos sean registrados en este momento, lo que me recuerda un suceso de mi infancia, que quedó grabado en mi memoria, cuando un día mi madre llegó de su trabajo y con evidente angustia en su rostro, se arrodilló ante mí y sujetándome por los hombros me dijo: “hoy he escuchado por ahí en mi trabajo, que van a esterilizar a los pequeños en las escuelas, aplicándoles una vacuna disfrazada, porque dicen que ‘la familia pequeña vive mejor’. Una enfermera llegará a tu escuela hijo, cuando veas esto, ¡huye, brinca la barda y sal corriendo! Regrésate a la casa, yo te autorizo, no permitas que te apliquen la vacuna”. Hasta la fecha recuerdo ese incidente, yo no sé si sería algo cierto. En aquel entonces, en los años 70, mi madre trabajaba en la Secretaría de la Presidencia de la República, en el Palacio Nacional.