La organización criminal los Zetas se ha establecido en el estado de San Luis Potosi. Esta agrupación ha logrado sobrevivir a sus divisiones internas y ha formado nuevas facciones criminales, así como alianzas con otros grupos delictivos, lo que ha posibilitado su propagación desmedida. Algunas células criminales se han replegado en diversos puntos de la Zona Huasteca sembrando el temor entre la población y cobrando innumerables victimas, algunas de ellas invisibles, otras con nombres y rostros conocidos. Los Zetas, advierte la empresa de inteligencia estadounidense StratFor, “se han expandido agresivamente por todo el territorio mexicano y se encuentran en camino de convertirse en una de las organizaciones criminales con mayor poder y dominio en México en el año 2013″.

La Huasteca Potosina se divide en tres microrregiones que ofrecen grandes ventajas a la delincuencia organizada. La Huasteca Sur conecta con la carretera federal México – Laredo, vía de gran importancia para el tránsito comercial legal e ilegal. La Huasteca Centro es la microrregión más pobre del estado, el rezago social facilita el reclutamiento de jóvenes para ingresarlos a las filas criminales. La Huasteca Norte es un punto de paso y colinda con los estados de Tamaulipas y Veracrúz, donde se mantienen luchas territoriales entre los Zetas y cárteles de la droga como el del Golfo y el de Sinaloa. Es en esta zona norte, la mas próspera de la Huasteca, dónde se encuentran los 3 municipios con mayor índice de violencia relacionada con la delincuencia organizada: Ciudad Valles, Èbano, y Tanquián de Escobedo. Este último municipio es una muestra de la presencia y el control de los Zetas en la región. Secuestros, extorsiones, levantones y ejecuciones son perpetrados ante la tolerancia o el aniquilosamiento de las autoridades policiacas locales, estatales y federales.

El 27 de julio del 2012 tras una gira de trabajo del gobernador Fernando Toranzo quien habló de “fortalecer la seguridad pública y el desarrollo social”, fueron asesinados en Tanquián de Escobedo cuatro jóvenes potosinos, Ana Rebeca Gonzáles Argüelles(24), Cristina(26), Néstor(24) y Valente(17) Zumaya Herberth, quienes se encontraban de visita en su lugar de origen. Los jóvenes se dirigían a cenar a bordo de un automóvil al tiempo que dos camionetas y un vehículo se aproximaban y un comando armado abría fuego contra ellos utilizando fusiles de alto calibre. Diversos medios informativos que cubrieron la noticia publicaron falsamente que los hermanos Zumaya Herberth eran nietos del ex diputado panista Modesto Zumaya, quien habría sido secuestrado y cuyo hijo ha sido detenido en dos ocasiones por presuntos nexos con criminales. Un familiar cercano cuya identidad se omite por motivos de seguridad aclara “no tenían nada que ver con ellos”, asi como ni los jóvenes ni sus familias habían sido amenazados o extorsionados anteriormente al asesinato, “si les hubieran pedido algo les hubieran dado todo lo que tenían”. El rumor del supuesto parentesco familiar alimentó la opinión popular de que habría sido un ajuste de cuentas, en una práctica que parece estarse automatizando en México: la de deducir sin conocimiento de causa que los muertos del crimen organizado son siempre “de los mismos criminales” o que “se lo merecen porque seguro andaban en algo”, prescindiendo del requerimiento de una investigación formal y exhaustiva de los hechos y de las personas involucradas en ellos. Hoy, a más de 8 meses del cobarde asesinato de los cuatro jóvenes no hay ningún avance en las investigaciones sobre el caso. Aún cuando al dia siguiente del atentado se sabía que un grupo de sujetos con las mismas características físicas y tipo de vehículos utilizados para cometerlo, se encontraba en un rancho ubicado a 6 kilómetros de Tanquián y se diera aviso a las autoridades policiacas locales, estatales, federales y a la Marina, no se tomó acción alguna para detenerlos.

Los Zetas, además de secuestrar y extorsionar a ganaderos y empresarios de la región, controlan diversos giros comerciales como el de la construcción, incluidas las obras de gobierno. Las festividades locales como ferias, peleas de gallos y bailes son vigiladas de cerca por los criminales quienes deciden desde que grupos musicales tocan, hasta quien organiza los eventos y quien entra a ellos. El despojo de autos, ranchos y casas cuyos títulos de propiedad son endosados por los propietarios a cambio de conservar su vida, es legalizado por notarios secuestrados o amenazados quienes son obligados a escriturar las propiedades a delincuentes o prestanombres.

El gobierno de San Luis Potosí acordó, en repuesta a la inseguridad que se vive en la Huasteca, la implementación de algunas “Estrategias de seguridad regional de la Zona Huasteca” conjuntamente con los gobiernos de Tamaulipas y Veracrúz con la finalidad de intercambiar información, fichas delictivas y técnicas y la creación de un “Àrea de inteligencia” con sede en la Huasteca Potosina, así como de realizar operativos interestatales con la intervención de la policia federal, estatal y local, Marina y Sedena. El gobernador potosino Fernando Toranzo reconoce que “a pesar del trabajo coordinado de las autoridades” se encuentran frente a un problema “muy difícil de erradicar, dado que se logra combatir a un grupo delictivo y enseguida llega otro” lo que se convierte en “un cuento de nunca acabar”.

Muchos ciudadanos tanquianenses conocen este cuento de memoria porque les toca vivirlo, son protagonistas obligados que dan cuenta de amigos y familiares secuestrados, amenazados, extorsionados, de la gente conocida del pueblo que anda en malos pasos, de los halcones que se pasean por las calles y dan el pitazo a sus jefes cuando hay operativos de la Marina, de familias que han optado por emigrar, del temor de la gente por la propia seguridad y la de los seres queridos. Pero hablan también del deseo de volver a vivir en paz, de poder trabajar sin pagar cuota, dignamente porque los huastecos son gente de trabajo, de salir a las calles sin tener que cuidarse, de volver a hacer fiestas que duren hasta entrada la noche, de desvelarse paseando por el pueblo y de justicia. Una justicia que para las familias de Ana Rebeca Gonzáles Argüelles, Cristina, Néstor y Valente Zumaya Herberth y para las incontables familias cuyas victimas carecen de nombre y rostro ante las autoridades, está todavía pendiente.