El ex director del FMI, Jacques de Larosière, realizó en febrero de 2009 un informe a petición de la Comisión y junto a un equipo de expertos en donde se desgranaban las causas y posibles soluciones a la crisis en 31 recomendaciones. Este informe se ha convertido en la hoja de ruta y el documento base sobre el que la UE y el G-20 están trabajando para reformar el sistema financiero internacional y los métodos de supervisión bancaria.

Desde la perspectiva de la supervisión financiera Larosière plantea dos bloques de reformas que podríamos dividir en supervisión financiera micro prudencial y supervisión financiera macro prudencial. El objetivo de la supervisión financiera micro prudencial consistiría en el control de las instituciones financieras a través de una red de supervisores financieros nacionales que trabajen en equipo y de forma coordinada entre los diferentes países. Por el otro lado, el objetivo de la supervisión financiera macro prudencial sería lograr crear un marco de análisis que permita detectar riesgos potenciales y debilidades de los sistemas financieros considerados en su conjunto. Comprendiendo también la utilización de mecanismos que permitan evitar o atenuar los posibles riesgos de contagio.

En este informe se afirma que desde el punto de vista regulatorio es necesario exigir a las entidades de crédito más recursos propios y de mejor calidad para que así en situaciones en las que los ciclos del negocio no sean favorables las tensiones generadas por el mercado puedan ser amortiguadas por estos “colchones de capital y reservas”. También se afirma que las entidades financieras deberían llevar a cabo estrategias a medio y largo plazo donde la exposición de los riesgos sea mucho menor que en las operaciones especulativas a corto plazo.

Otra de las recomendaciones de Larosière es la introducción de normas más estrictas para los elementos que se encuentran fuera del balance de los bancos y el potenciamiento de normas para el control y la gestión del riesgo y la liquidez. Además de una nueva regulación que limite y establezca ciertas premisas en el pago de los bónuses a los empleados de banca para que los incentivos estén mejor alineados con los intereses de los accionistas.

En referencia a las agencias de rating el grupo de expertos de Larosière recomienda que haya una autoridad europea y mundial que tenga la potestad de registrar y supervisar a las agencias de rating. También creen que es necesaria una revisión del modelo de negocio y financiación de estas agencias y de las posibilidades de calificación y asesoramiento que las agencias pueden llevar a cabo al mismo tiempo.

En cuanto a los productos estructurados, los expertos creen que las agencias deberían ser obligadas a incluir un nuevo sistema de codificación que los diferencie de los clásicos productos de renta fija y variable. Sobre los CDS’s el grupo recomienda introducir al menos un centro de coordinación bien capitalizado y garantizar que el emisor de los instrumentos titulizados conserve en sus balances durante toda la vida del instrumento una cantidad significativa del riesgo subyacente no cubierto. Finalmente, sobre los mercados de derivados (OTC’s) desde el informe se recomienda que se simplifiquen y estandaricen la gran variedad de productos existentes. El grupo de expertos recomienda también la revisión de los acuerdos de Basilea II sobre requerimientos de capital como principio básico sobre los que empezar a construir un nuevo marco regulatorio y supervisor para la UE y el resto del mundo.

En torno a la propuesta del grupo Larosière la Comisión ha elaborado una serie de iniciativas encaminadas a lograr mejores y más adecuados sistemas de remuneración y supervisión. No obstante, debido a la falta de consenso en algunas áreas el progreso está siendo lento. Por su parte, en los EE.UU. se están llevando a cabo ciertos avances paralelos aunque con ciertos matizes. Habrá que esperar unos meses hasta que la nueva regulación entre en marcha pero desde luego parece evidente que es necesario poner ciertas barreras al campo pues son muchos los que se han aprovechado de la falta de legislación y la excesiva laxitud de los organos supervisores y reguladores. Uno de los asuntos más candentes que quedan por determinar es el como actuar ante la quiebra de aquellas entidades y empresas que sean “demasiado grandes para quebrar”.  Ciertas autoridades son partidarias de cobrar un impuesto especial a la banca con el objetivo de crear un fondo común de rescate para los casos de quiebra. No obstante, son muchos los que creen que si el banco que quiebra es una de esas instituciones demasiado grandes para quebrar no habrá suficiente dinero con el fondo de rescate, y por lo tanto, el consumidor final tendrá que ser quien pague el pato en última instancia. Veremos a ver qué pasa…